Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa de Carbono Argentina, destaca el potencial del sector agropecuario en la generación de créditos de carbono y anticipa un futuro prometedor para el país en los mercados internacionales.

Semanás atrás, se conoció que la Mesa de Carbono Argentina amplíaba su alcance al sector agropecuario, impulsada por el creciente interés del campo en prácticas sostenibles y por el enorme potencial de mitigación de emisiones que ofrece el agro. Con proyectos como ganadería regenerativa y agricultura mejorada, el sector se posiciona para transformar su capital natural en una fuente estratégica de divisas, empleo e inversión.

 Juan Pedro Cano, Coordinador de la Mesa de Carbono Argentina, explica como la entidad avanza en la integración del sector agropecuario a los mercados de carbono en respuesta a una doble dinámica: el interés del campo por capitalizar prácticas sostenibles y la estrategia de crecimiento de la Mesa hacia actividades con alto potencial de captura de emisiones.

¿Qué factores impulsaron la decisión de ampliar el alcance de la Mesa al sector agropecuario en general? ¿Fue una demanda del campo o una estrategia interna de crecimiento?

La decisión respondió a una doble dinámica. Por un lado, al creciente interés del sector agropecuario en integrarse a los mercados de carbono para capitalizar prácticas sostenibles. Por el otro, a nuestra voluntad de ampliar el alcance de la Mesa hacia actividades que representan un enorme potencial de mitigación y captura de emisiones en Argentina. En este sentido, el agro es un actor clave porque combina capacidad de escala, adopción de tecnologías y compromiso con la sustentabilidad.

¿Qué tipo de proyectos agropecuarios tienen hoy mayor potencial para generar créditos de carbono en Argentina?

En la actualidad, se destacan los proyectos vinculados a la ganadería regenerativa y a la producción agrícola mejorada. También se desarrollan iniciativas de forestación, conservación, reforestación y uso mejorado de bosques, muchas de las cuales se multiplican en todas las provincias, mostrando que Argentina tiene un enorme potencial para generar créditos de carbono de calidad.

¿La ganadería regenerativa y la agricultura mejorada están liderando ese proceso?

Sí, hoy estas dos líneas muestran un gran dinamismo, porque permiten cuantificar reducciones y secuestros de carbono en plazos relativamente cortos, lo que facilita su integración en los mercados de carbono internacionales.

¿Cómo se articula el trabajo de la Mesa con productores rurales que aún no están familiarizados con los mercados de carbono? ¿Qué herramientas o capacitaciones ofrecen para facilitar su incorporación?

Lo que buscamos es generar espacios de encuentro que acerquen esta herramienta a los productores y los conecten con las empresas que integran la Mesa donde compartimos experiencias, presentamos casos concretos y facilitamos el vínculo directo entre productores interesados y potenciales socios estratégicos. Estos eventos son clave para difundir oportunidades, brindar capacitación práctica y acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos de carbono.

En paralelo, acompañamos con un trabajo más estructural: impulsamos marcos normativos y políticas públicas que den seguridad jurídica, fortalecemos capacidades a través de formación y asistencia técnica, y garantizamos la certificación y los procesos de medición, reporte y verificación que aseguran la trazabilidad de cada proyecto. Así, quienes decidan sumarse cuentan con reglas claras, información confiable y el soporte técnico necesario para desarrollar iniciativas sustentables.

 ¿Qué impacto económico concreto podría tener esta expansión en el agro argentino? ¿Hay estimaciones de generación de divisas, empleo o inversión directa?

Creemos que la incorporación del agro puede generar un impacto positivo traducido en nuevas inversiones, en la creación de empleo rural calificado y en la mejora de la competitividad de los productores que adopten prácticas bajas en carbono.

Cabe agregar que, desde la Mesa de Carbono, presentamos un plan de desarrollo del sector carbono porque creemos que hoy nuestro país está ante una oportunidad histórica: transformar su vasto capital natural y productivo en una fuente estratégica de generación de divisas, inversión, empleo y posicionamiento internacional. Según nuestras estimaciones preliminares, si en Argentina hay mejores condiciones para los proyectos de carbono, con mayor seguridad jurídica se podría pensar que se generen créditos de carbono en el 10% de las tierras agropecuarias y forestales del país, podría estimarse preliminarmente que su venta podría representar ingresos anuales por USD460 millones. Si se habilitan mercados internacionales el incentivo a invertir en Argentina sería aún mayor. En ese caso, si este cálculo se lleva al 30% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría de USD 2.377 millones anuales.

¿Qué desafíos normativos enfrentan hoy los proyectos de carbono en el país? ¿Cómo avanza el proyecto de ley que están trabajando con el Congreso?

En este punto quiero señalar que, de los más de 12.000 proyectos registrados a nivel global, tan solo 61 son de Argentina, lo que representa el 0,5% del total. Esto evidencia que el marco político y normativo actual no está promoviendo ni incentivando suficientemente el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones, pese a las grandes posibilidades y experiencias ya desarrolladas en nuestro país. Por eso, desde la Mesa elaboramos un proyecto de ley para brindar seguridad jurídica y transparencia internacional a los mercados de carbono en Argentina, que actualmente está en tratamiento en ambas cámaras del Congreso.

¿Qué rol cumple Argentina en la nueva Red Latinoamericana de Asociaciones de Mercados de Carbono?

Argentina es miembro fundador de la Red y aporta su experiencia en articulación público-privada. Desde la Mesa representamos al país y contribuimos al diseño de criterios regionales que fortalezcan la credibilidad y la integración de los mercados latinoamericanos. Solo en los últimos cinco años, Latinoamérica emitió el 22% de los créditos de carbono del mundo, provenientes de 457 proyectos, convirtiéndose en la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas. Pero si se observan solamente los proyectos del sector forestal y del agro, el 50% de los créditos fueron generados en esta región, convirtiendo a Latam en el principal proveedor de créditos de carbono.

¿Qué aprendizajes se han tomado de países como Colombia o Brasil?

Argentina ha participado, desde 2005, en los mercados de carbono. Hasta el año 2024, se habían registrado poco más de 60 proyectos de carbono en total. Esto es casi ínfimo si se compara con la situación a nivel global y regional. Latinoamérica, en tanto, se convirtió en la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas, especialmente por parte de proyectos en Colombia, Brasil y México. Estos países, como así también recientemente Paraguay, cuentan con normativa vigente o en desarrollo para brindar seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de carbono.

Todo ello, nos permite intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con el fin de promover mejores condiciones para los mercados de carbono y fortalecer las capacidades de nuestros proyectos locales.

¿Cómo imaginan el futuro de los mercados de carbono en Argentina dentro de cinco años?

Como comentaba anteriormente, desde la Mesa elaboramos un plan estratégico que establece dos hitos principales para generar condiciones diferenciales para que el sector del Carbono agropecuario y forestal se desarrolle en el país: dar mayor seguridad jurídica a los créditos de carbono y abrir canales de venta internacionales.

El objetivo es transformar al carbono en un verdadero activo productivo y exportador, capaz de atraer inversión privada, generar empleo y aportar divisas sin deuda ni subsidios. El potencial es enorme: con una ley específica, los ingresos anuales del sector podrían crecer de los actuales USD 10 millones a unos USD 460 millones, y superar los USD 2.300 millones si se accede a los mercados internacionales de cumplimiento. Esto permitiría movilizar entre USD 2.200 y 3.800 millones de inversión verde en todo el territorio y generar más de 70.000 empleos directos e indirectos, impulsando una nueva economía basada en la naturaleza y reforzando la trazabilidad que exigen mercados como la Unión Europea o California.

Por Marizú Olivera Orquera

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