El contenido de las charlas está orientado a analizar la operación y los procesos desde la óptica de las compañías, de las reaseguradores, tasadores y clientes. “La información se encuentra muy segmentada y pensamos que unificarla y brindar un panorama completo de la actividad enfocado en lo práctico, en lo usual y en las preguntas frecuentes que los actores se hacen a la hora de contratar y operar cuando suceden daños, contribuiría al desarrollo del sector”, reconoció Thomas.
Recientemente se aprobó el marco regulatorio para diseñar productos basados en índices, apuntando a satisfacer coberturas de riesgos de economías regionales. Pero en la escala evolutiva de aseguramiento de riesgos de cultivos, Thomas sostiene que aún falta mucho por recorrer. “El trabajo conjunto privado-estatal para el diseño de coberturas multirriesgo e índices aun no ha echado luz en la Argentina como en muchos países. Tampoco se ha desarrollado con éxito coberturas de ingresos de riesgo”, evaluó.
Asegurar a tiempo
La alta adopción de coberturas de seguros agrícolas en el país y su crecimiento en las últimas campañas demandan mayor grado de conocimiento y capacitación por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar una explotación agropecuaria, de las compañías que los ofrecen y de los entes u organismos de control.
“Conocer qué tipo de riesgos castigan una determinada zona más que otra y las estadísticas disponibles para su análisis resulta vital para quien gestione una compañía de seguros, administre una explotación agropecuaria o interactúe mediante provisión de servicios e insumos con ellas. Estos cambios previstos impactarán directamente en la cadena de servicios, donde el seguro cumple un rol trascendental que es el de cubrir toda la inversión del agricultor y darle continuidad y previsibilidad económica a su explotación”, concluyó Thomas.
Ante tantos cambios, y previéndose un incremento sustancial de la mano de obra y personal capacitado en diversas áreas vinculadas a la industria del seguro, la educación se convierte en una necesidad de los actores involucrados que debe ser satisfecha por las instituciones educativas formales e impulsada por los organismos que regulan la actividad.
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